Los defensores públicos de Estados Unidos están sobrecargados de trabajo y carecen de fondos. La situación ha alcanzado niveles de crisis en algunos estados.
La difícil situación de los defensores públicos se puso de manifiesto en un reciente artículo en The Guardian.
El problema es que algunos acusados con poco escasos recursos monetarios están cayendo en la trampa. Languidecen en las cárceles cuando deberían haber sido liberados. O su abogado de oficio no les dedica el tiempo y la atención que merecen.
La crisis de financiación afecta a los defensores públicos
En los últimos 50 años, los problemas se han acumulado. En 1963, la histórica sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Gideon contra Wainwright permitió a los acusados penales indigentes que no pueden pagar un abogado, tener acceso a éste.
El artículo de The Guardian afirmaba que, 53 años después, la tasa de encarcelamiento en todo el país se ha cuadruplicado con respecto a 1963 y que la gran mayoría de los acusados carecen de recursos. El sistema está en crisis.
En 2008, los estados y condados gastaron unos 5.300 millones de dólares en defensores públicos. Parece mucho, pero es sólo el 2,5% de los 200.000 millones de dólares que se gastan cada año en justicia penal.
Estados como Louisiana se enfrentan a problemas particulares. Los recortes presupuestarios han diezmado el sistema de defensores públicos. El Proyecto Marshall destacó cómo un solo defensor público se encarga de ayudar a las personas que han sido detenidas en una zona de 1.000 millas cuadradas al norte de Baton Rouge.
Durante muchos años, los defensores públicos dependían de las multas de tráfico, una fuente de financiación inestable en el mejor de los casos. Ahora su presupuesto se ha recortado aún más. Los recortes presupuestarios hacen que 33 de las 42 oficinas de abogados de oficio restrinjan sus servicios. Sólo la parroquia de Orleans se enfrenta a un déficit de un millón de dólares.
Aunque el problema no es tan grave en Texas, sí que afecta a los acusados.
Un artículo del Washington Post señalaba cómo el condenado a muerte de Texas, Hank Skinner, planteaba dudas sobre su abogado de oficio. Solicitó una prueba de ADN sobre las pruebas encontradas en la escena del asesinato de su novia. Post informó de que su abogado de oficio hizo caso omiso de su petición y no presentó esta importante prueba de ADN en el juicio,
El artículo señala que el juez designó a un amigo para defender a Skinner. El abogado en cuestión le había procesado anteriormente por cargos de agresión.
Algunas jurisdicciones de Texas han estado dando vales a los acusados para que salgan y contraten a un abogado penalista privado en lugar de depender de los abogados de oficio, informó The Post.
La infrafinanciación de los defensores públicos amenaza con tener consecuencias muy graves para el sistema judicial en Texas y en otros lugares. Oímos hablar de personas acusadas de delitos menores que permanecen en la cárcel porque son pobres. La cárcel del condado de Harris, en Texas, tiene uno de los peores historiales en este sentido. A menudo los defensores públicos están demasiado ocupados para dedicar a estos casos el tiempo que merecen.
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