La controvertida ley SB4 contra las ciudades santuario firmada por el gobernador este verano ha provocado recriminaciones y oposición en todo Texas, por no hablar de las demandas. Algunos críticos temen que pueda dar lugar a que se cometan más delitos contra los hispanos.
La ley SB4, retenida por un juez federal, tipifica como delito que un jefe de policía o un sheriff ordene a los agentes que no pidan la documentación a las personas detenidas.
Los latinos y los agentes de la ley temen que esto conduzca a la elaboración de perfiles raciales.
Los comentarios en la legislatura estatal de la representante estatal Mary González fueron reportados en el Las Cruces Sun-News.
González, que también fue víctima de una violación, dijo a la legislatura que la ley desalentaría a las víctimas a denunciar las violaciones y otros delitos. Dijo que enviaba un mensaje a cualquier persona que se planteara cometer un delito de este tipo de que podía salirse con la suya.
El informe sugiere que las denuncias de violaciones ya han disminuido significativamente entre las latinas, en un momento en que las violaciones están aumentando en general. A muchos hispanos les preocupa que se les pregunte por su situación migratoria.
Al parecer, un grupo de delincuentes llegó a decir a la policía que su objetivo eran los latinos porque son menos propensos a denunciar los delitos a la policía.
Texas ha estado en la zona cero de la batalla de la inmigración este año con la legislación que criminalizaría a las fuerzas del orden y otros funcionarios por no aplicar las leyes federales de inmigración.
Un grupo de ciudades y policías de Texas se opuso a la ley. Entre las ciudades que han presentado una demanda contra el Estado se encuentran Houston, Dallas, Austin, San Antonio y El Paso.
La Asociación de Grandes Ciudades de Texas (TMCA) señala que los agentes de policía se esfuerzan por crear y mantener la confianza y la comunicación con las comunidades minoritarias.
Sin embargo, la SB4 y otras leyes draconianas obligan a la policía a adoptar un papel más activo en la aplicación de la ley de inmigración, lo que aumenta las tensiones en la relación entre las fuerzas del orden locales y estas comunidades diversas.
El artículo del Las Cruces Sun-News señalaba que ahora existen pocos incentivos para que los testigos indocumentados respondan a las preguntas de la policía sobre un delito grave como un asesinato. No sólo podría provocar represalias por parte del asesino, sino que abre la puerta a la posible deportación del testigo.
La falta de voluntad de las víctimas para presentarse es mala para la justicia penal y puede llevar a la detención del sospechoso equivocado por un delito.
Es importante buscar el consejo de un abogado de defensa penal de Fort Worth con experiencia cualquiera que sea la naturaleza de su crimen. Llame a The Medlin Law Firm.
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