El fiscal general Jeff Sessions ya ha dejado su huella en la agenda de la ley y el orden con la promesa de ser más duro con la delincuencia.
Sin embargo, las políticas están en desacuerdo con las de algunos estados, incluso en el sur conservador, que han estado llevando a cabo reformas destinadas a reducir su población carcelaria.
Sessions dejó claro cuando se convirtió en fiscal general del país que supervisará el retroceso de las políticas de la administración Obama. Sin embargo, transcurridos más de seis meses del mandato de Sessions, los gobiernos estatales de todo el país seguían aprobando reformas de sentencias blandas, informó The Daily Caller.
Durante los años de Obama, tanto los republicanos como los demócratas encontraron un terreno común considerable en las reformas de la justicia penal.
Sessions esboza una dura política contra la delincuencia
Los estados de todo el país se resistieron al aumento de los costes de las prisiones y aplicaron reformas para encontrar alternativas al encierro de los acusados. Entre estos estados se encuentra Texas bajo el mandato del ex gobernador, Rick Perry.
La perspectiva de sacar de las rejas a los delincuentes no violentos que cometen delitos de drogas por primera vez también atrajo el apoyo de los demócratas.
El Daily Caller informó que Sessions se enfrenta a varios años de impulso legislativo mientras trata de volver a un enfoque que sea severo con el crimen. Algunos estados tienen otras ideas.
La Cámara de Representantes de Louisiana, controlada por los republicanos, aprobó en mayo un enorme paquete de 10 proyectos de ley de reforma de la justicia penal para reducir la población carcelaria del estado en un 10% durante la próxima década.
En Illinois, Bruce Rauner, gobernador republicano del estado, firmó el 6 de junio una amplia medida de reforma de la fianza que pretende sacar a más personas de las cárceles. En Oklahoma, la gobernadora republicana Mary Fallin firmó el 5 de junio el proyecto de ley SB 603 para reducir la tasa de reincidencia del estado ajustando los pagos de restitución a la capacidad de pago del preso.
Sessions busca implementar una agenda de «dureza contra el crimen». A principios de este año emitió una orden en la que ordenaba a los fiscales del Departamento de Justicia que aplicaran la sentencia más severa posible. Algunos senadores republicanos y demócratas se unieron para oponerse a la orden.
A los senadores les preocupa que la orden encarcele a más delincuentes por delitos de drogas no violentos con sentencias mínimas obligatorias. A menudo se trata de consumidores de drogas recreativas más que de adictos con un problema de drogas.
En junio, cuatro senadores escribieron una carta a Sessions solicitando que cambiara la polémica política de sentencias. Señalaron que la política del Departamento se basa en la premisa de que es vital aplicar la ley de forma justa y coherente.
«Estamos de acuerdo», escribieron los senadores en la carta. «El problema es que, en muchos casos, la ley actual exige que los delincuentes no violentos que delinquen por primera vez reciban sentencias más extensas que los delincuentes violentos».
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