La regla de la doble incriminación significa que una vez que un jurado ha rechazado los hechos que serían necesarios para condenarte por un delito, no puedes volver a ser juzgado en un caso en el que un jurado diferente pueda llegar a otra decisión sobre los hechos.
Sin embargo, la Corte Suprema de EE.UU. ha decidido que la norma de la doble incriminación no se aplica de la misma manera cuando se anula una decisión por ser inconstitucional.
El caso en cuestión era Bravo-Fernández contra Estados Unidos. Llegó a la Corte Suprema en octubre.
El tribunal examinó si el hecho que una decisión haya sido anulada por inconstitucional impide que la absolución de ese caso prohíba un nuevo procesamiento sobre cuestiones ya resueltas a favor del acusado.
El caso se refería a una presunta serie de delitos de cuello blanco. En mayo de 2005, Juan Bravo-Fernández, presidente de una empresa de seguridad privada de Puerto Rico, junto con el miembro del Senado Héctor Martínez-Maldonado, fueron a Las Vegas a ver un combate de boxeo.
Ambos fueron acusados sobre que el jefe de seguridad privada financió el viaje porque quería que Martínez-Maldonado apoyara la legislación beneficiosa para la empresa de seguridad. Los hombres fueron acusados de violar el estatuto federal de soborno, de conspiración y la Ley de Viajes, que hace ilegal el comercio interestatal con fines delictivos.
Posteriormente, el jurado condenó a los dos hombres por violar la ley federal de sobornos. Sin embargo, fueron absueltos de conspiración para violar el estatuto o la Ley de Viajes. El Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Primer Circuito anuló posteriormente sus condenas por la violación del estatuto federal de soborno.
Los tribunales decidieron que el jurado había sido instruido indebidamente sobre lo que el gobierno tenía que probar en el caso. El tribunal de apelación devolvió el caso.
El tribunal de distrito dictó una orden que absolvía a los acusados. Sin embargo, se anuló porque el gobierno declaró que la decisión del tribunal de apelación de anular las condenas por soborno federal no exigía que el tribunal de distrito dictara una orden de absolución. Posteriormente, el tribunal de distrito dictó una orden en la que señalaba que las condenas por soborno quedaban anuladas. Los acusados trataron de restablecer la orden original alegando que se trataba de una sentencia absolutoria que no podía rescindirse en virtud de la cláusula de doble incriminación,
Cuando el tribunal de distrito denegó esta moción, los abogados de Bravo-Fernández y Martínez-Maldonado solicitaron la absolución. Alegaron que las absoluciones originales por la Ley de Viajes y los delitos de conspiración significaban que el gobierno no podía volver a presentar los cargos de soborno.
Un jurado ya había determinado que el gobierno no pudo probar una condena bajo el estatuto de soborno, declararon. El argumento de que la Cláusula de Doble Incriminación prohibía que los asuntos volvieran a los tribunales fue denegado por el tribunal de distrito, y el tribunal de apelación lo confirmó. El caso escaló hacia la Corte Suprema.
La Corte Suprema rechazó el argumento de la doble incriminación. Los jueces dijeron que la cláusula no impide que el gobierno vuelva a juzgar a los dos acusados después de que el jurado emitiera un veredicto irreconciliable de condenas y absoluciones que fueron anuladas en base a un error legal diferente.
La jueza Ruth Bader Ginsburg dijo que no sería posible un nuevo juicio si el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito anulaba las condenas.
Ninguno de los dos factores se ha dado en este caso. La sentencia anulada se debió a un error jurídico y los peticionarios podían ser juzgados de nuevo, según el tribunal.
Si ha sido objeto de un error judicial, puede tener motivos para recurrir la decisión de un tribunal.
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