La preocupación de que un enajenado mental indocumentado de Honduras fuera víctima de errores por parte de sus abogados llevó a la Corte Suprema de Estados Unidos a estudiar el caso de Carlos Ayestas.
El condenado a muerte por enfermedad mental del condado de Harris, en Texas, alega que una serie de errores cometidos por sus abogados litigantes provocaron su condena a muerte cuando tenía 28 años, en 1997.
Sus nuevos abogados afirman que el jurado no fue parte de las pruebas atenuantes que podrían haber evitado la sentencia de muerte en el juicio original.
El caso de Ayestas fue destacado recientemente en Mother Jones. El artículo señalaba que, incluso después de que el hondureño recurriera a un tribunal federal en 2009, no se llevó a cabo ninguna investigación sobre su historial personal.
Los tribunales tampoco profundizaron demasiado en la salud mental de Ayestas. En otras palabras, los detalles de su pasado y su historia personal que podrían haberle salvado de la pena de muerte no fueron destacados, según sus abogados.
A principios de este año, el Tribunal Supremo de EE.UU. accedió a escuchar el caso de Ayestas este otoño.
En un escrito presentado en verano se señala que pedirá al más alto tribunal del país que aplique los estatutos destinados a proteger a los acusados empobrecidos que se enfrentan a la ejecución.
Los abogados de Ayestas preguntarán por qué durante su proceso de apelación se le negaron recursos estatales que debían haberse destinado a pagar investigaciones o peritajes en el caso.
Ayestas fue acusado de asesinato en 1995. Llegó a Estados Unidos siete años antes.
Fue acusado de ser uno de los tres hombres que estrangularon mortalmente a una mujer de 67 años durante un robo en su residencia en el condado de Harris, en Texas.
Durante el juicio se expresó la preocupación de que el hondureño fuera recomendado para la pena de muerte por ser un inmigrante indocumentado.
La fiscal adjunta del condado de Harris, Kelly Siegler, recomendó que Ayestas recibiera la pena de muerte basándose en el hecho de que la víctima era anciana, así como fue asesinada en su propia casa y que Ayestas no era ciudadano, Mother Jones informó.
El actual equipo jurídico del hondureño calificó de «deplorable» el hecho de que su nacionalidad haya intervenido en la recomendación. A Ayestas se le recomendó la pena de muerte incluso antes de ser detenido.
Los extranjeros condenados a muerte en Texas tienen derecho a una notificación consular, pero no siempre la reciben.
Los acusados indocumentados también pueden recibir un mal abogado defensor desde el principio.
Un informe del Fair Punishment Project (Proyecto de Penas Justas) en 2016 destacó el condado de Harris como una jurisdicción que sufre de algunos abogados pobres, prejuicios raciales y fiscales duros.
En The Medlin Law Firm, tenemos décadas de experiencia en la defensa de casos de asesinato. A menudo los fiscales restan importancia a los factores atenuantes, como en el caso de este condenado a muerte por enfermedad mental. Es importante destacar los antecedentes del acusado. Llámenos para una consulta gratuita sobre su caso.
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