Los jueces de la Corte Suprema de EE.UU. han expresado serias dudas sobre la propuesta de ejecución de un hombre con discapacidad intelectual y mental límite en Texas.
En noviembre, la Corte Suprema indicó que probablemente respaldaría al condenado a muerte, Bobby Moore.
Un informe de Associated Press afirma que la mayoría de los jueces expresaron sus recelos sobre la forma en que el Tribunal de Apelación Penal de Texas evalúa los casos de discapacidad intelectual límite.
Anteriormente, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas revocó las conclusiones de un tribunal inferior y dictaminó que Moore no tenía discapacidad intelectual. Fue condenado por matar a un empleado de una tienda de comestibles de Houston en 1980.
Hace más de una década, el más alto tribunal del país trazó una línea en la arena sobre la ejecución de reclusos con discapacidad intelectual.
Los jueces dijeron que utilizar la última sanción contra un recluso con discapacidad intelectual viola la prohibición de la Octava Enmienda sobre «penas crueles e injustas» en el caso de 2002 Atkins contra Virginia.
La mayoría de los jueces durante los argumentos en el alto tribunal expresaron sus recelos con la forma en que el máximo tribunal de apelación penal de Texas evalúa los casos límite de discapacidad intelectual.
El caso fue la tercera apelación a la pena de muerte que llega a laCorte Suprema de Estados Unidos en los últimos meses.
Un informe de USA Today señaló que la audiencia estaba relacionada con el sistema único de Texas para tomar una decisión sobre quiénes son discapacitados intelectuales, y deberían poder evitar la pena de muerte.
Los críticos de la norma de Texas dicen que está desfasada y que no está avalada por las principales organizaciones médicas.
La prueba del estado se basa en lo que el Tribunal de Apelación Penal de Texas describió como un «consenso de los ciudadanos de Texas».
No todos los que cumplen la definición de discapacidad intelectual elaborada por los «servicios sociales» deben estar exentos de la pena de muerte, según el Estado de Texas.
Es cuestionable que esta postura sea coherente con el caso Atkins contra Virginia. En la Corte Suprema, tres jueces conservadores parecían apoyar la concesión de discrecionalidad a Texas. Otros cinco indicaron su desaprobación.
La jueza, Ruth Bader Ginsburg, dijo que permitir que un estado proporcione su propia definición de discapacidad abre la puerta a resultados inconsistentes.
Mientras que el estado señaló algunas pruebas de coeficiente intelectual registradas por Moore en la escuela en la parte inferior de los 70, su equipo de defensa dice que a la edad de 13 años, no podía decir la hora o entender los días de la semana y los meses del año.
El hecho que los fiscales no tengan en cuenta la discapacidad intelectual de los acusados sigue siendo una preocupación en el sistema jurídico de Texas.
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