Cuando los funcionarios públicos son acusados de delitos, usualmente es por delitos de cuello blanco. Tal como el reciente caso de Ken Paxton, Fiscal General de Texas.
Estos delitos pueden ser muy complicados e incluir la corrupción. Aunque a menudo carecen del elemento de violencia que provoca la alarma pública sobre la delincuencia, se persiguen con frecuencia en los tribunales federales y conllevan duras penas.
El Fiscal General, Ken Paxton, es el último funcionario público de Texas que ha sido objeto de acusaciones penales.
Un informe publicado en The Statesman este verano señalaba que un tribunal de apelación estatal había rechazado la moción de Paxton para reconsiderar una sentencia de principios de julio que mantenía los cargos penales contra él.
El informe señala que la moción no aborda las dos acusaciones más graves contra el Fiscal General. Afirman que Paxton cometió fraude al solicitar inversores en Servergy Inc. mientras no revelaba el hecho de que estaba siendo pagado por la empresa tecnológica de McKinney. El 5º Tribunal de Apelación de Dallas rechazó el intento del Fiscal General de desestimar los cargos de delito de primer grado en una sentencia del 1 de junio.
El tribunal de Dallas no motivó su decisión. La orden sólo tenía dos frases.
Los cargos contra Paxton son anteriores a su etapa como Fiscal General de Texas. Se le acusa de dos cargos de fraude de valores y un único cargo de no registrar los negocios privados con los reguladores estatales de valores. Estos cargos se refieren a la época en que era miembro de la Legislatura de Texas. Paxton negó los cargos el año pasado. Sus esfuerzos proactivos para que sean desestimados han fracasado hasta ahora.
Paxton apeló la acusación ante el Tribunal de Apelaciones Penales, informó el Dallas Morning News .
Texas tiene un largo historial de acusaciones penales contra funcionarios públicos. A principios de este año, el Tribunal de Apelación Penal absolvió al ex gobernador, Rick Perry, de las acusaciones de abuso de poder.
Perry fue acusado en el condado de Travis en 2014 de presionar al fiscal del distrito de Austin para que dimitiera amenazando con cortar toda la financiación estatal a la unidad anticorrupción de su departamento.
Los delitos de cuello blanco pueden ser muy complicados, como lo ilustra la reciente acusación federal contra el ex-gobernador de Virginia Bob McDonnell y su esposa. Fueron encarcelados por corrupción, pero las condenas fueron anuladas en apelación. Los cargos federales han sido desestimados desde entonces en un caso que puede llevar a las autoridades federales a estudiar de nuevo los cargos contra funcionarios públicos.
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