Los intentos de criminalizar el aborto y varios aspectos del mismo han continuado en la legislatura de Texas.
En los últimos meses se han presentado nada menos que 17 proyectos de ley contra el aborto, según San Antonio Current.
El informe señala que todas ellas, excepto tres, fueron presentadas por hombres y que la mayoría pretenden restringir el acceso de las mujeres a un procedimiento médico.
Una de las medidas más draconianas fue presentada por el representante Tony Tinderholdt, un republicano de Arlington que propuso imputar a las mujeres que abortan y a sus médicos con un cargo de delito de homicidio criminal por un aborto.
Dijo que el proyecto de ley reduciría los embarazos no deseados. El proyecto de ley 948 de la Cámara de Representantes prohibiría y penalizaría el aborto en cualquier fase del embarazo.
Los funcionarios estatales tendrían que ignorar las leyes federales en conflicto. La ley no exime a las mujeres violadas, víctimas de incesto o en caso de anomalías fetales.
El Texas Observer informó que el proyecto de ley elimina la excepción del aborto en el código penal del estado para el homicidio criminal. La mujer y los médicos que la realicen este procedimiento podrían enfrentarse a cargos tan graves como el de asesinato por el procedimiento.
Anomalías Fetales
Un proyecto de ley propuesto por el representante Matt Schaefer habría hecho imposible que las mujeres pudieran abortar después de las 20 semanas.
Es el momento en que los médicos pueden diagnosticar las anomalías fetales. El proyecto de ley 87 de la Cámara de Representantes de Schaefer impediría a una mujer embarazada abortar después de ese momento, incluso si la anomalía fuera grave e irreversible. Las anomalías incluyen el síndrome de Down y la parálisis cerebral.
En Texas, el partido republicano se ha comprometido a presentar una legislación para evitar el «asesinato de niños no nacidos».
Sanford Levinson, profesor de Derecho de la Universidad de Texas, dijo al Observer que criminalizar el aborto es «inconstitucional según la ley actual».
El año pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la legislación HB 2 en Texas. La ley imponía cargas adicionales a las clínicas abortistas, exigiendo que cumplieran normas similares a las de los hospitales. La medida habría provocado el cierre de clínicas.
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