En una sentencia significativa, la Corte Suprema ha anulado la prohibición de los «bump stocks» de la administración Trump, subrayando la importancia de la interpretación legal y la separación de poderes. La decisión, dictada por una mayoría de 6-3, rechazó el argumento del Gobierno Federal de que los rifles equipados con bump stocks son equivalentes a las ametralladoras, prohibidas por la ley federal.
Aunque en general se percibe como una cuestión de la Segunda Enmienda, Cargill contra Garland trata fundamentalmente de la interpretación de la ley. El caso gira en torno a la autoridad de la ATF para clasificar los bump stocks como ametralladoras. La decisión de la Corte pone de relieve un triunfo del textualismo -en el que las palabras claras de una ley son primordiales- sobre una interpretación basada en la finalidad que tenga en cuenta la intención legislativa.
Un bump stock es un accesorio que permite a un rifle semiautomático disparar a mayor velocidad. Normalmente, un rifle semiautomático requiere que el tirador apriete el gatillo para cada disparo, y que el gatillo se reajuste entre disparos. Sin embargo, los bump stocks utilizan el retroceso del arma de fuego para «golpear» el gatillo contra el dedo inmóvil del tirador, lo que permite una rápida sucesión de disparos.
Según la Ley Nacional de Armas de Fuego y la Ley de Control de Armas, una ametralladora se define como un arma que dispara más de un tiro «automáticamente» mediante una sola función del gatillo. Históricamente, la ATF no clasificaba los bump stocks como ametralladoras. Sin embargo, tras el tiroteo masivo de Las Vegas de 2017 en el que se utilizaron bump stocks, la ATF dio marcha atrás en su postura en 2018, lo que provocó impugnaciones legales.
El juez Clarence Thomas, que escribió para la mayoría, sostuvo que los «bump stocks» no se ajustan a la definición legal de ametralladora. Según la sentencia, el término «función única del gatillo» se refiere al funcionamiento mecánico del gatillo, no a las acciones del tirador. Dado que los bump stocks requieren que el tirador accione el gatillo repetidamente, no se consideran ametralladoras según la ley federal.
El juez Samuel Alito, en una opinión concurrente, reconoció que es probable que el Congreso no previera una distinción entre ametralladoras y rifles equipados con culatas explosivas. Sin embargo, subrayó la necesidad de atenerse al claro texto legal. Alito sugirió que el Congreso podría modificar la ley para abordar directamente esta cuestión.
La juez Sonia Sotomayor, junto con los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, discreparon. Argumentó que la interpretación de la mayoría socava la intención legislativa de restringir las armas de fuego rápido. Sotomayor sostuvo que el efecto práctico de los bump stocks -permitir el disparo rápido- debería calificarlos de ametralladoras.
La sentencia subraya una victoria de la autoridad legislativa del Congreso, reforzando que las agencias administrativas como la ATF no pueden reescribir las leyes mediante acciones reguladoras. Esta decisión puede señalar una tendencia más amplia de comprobación del alcance normativo de la ATF, con implicaciones para otras normas impugnadas, incluidas las relativas a las definiciones de «armazón o receptor» y la norma de «dedicado al negocio».
Aunque la decisión del Tribunal restringe la autoridad de la ATF para prohibir los bump stocks, no impide que el Congreso modifique la ley para abordar explícitamente esta cuestión. A medida que el panorama judicial siga evolucionando, los próximos casos, como Garland contra VanDerStok, aclararán aún más los límites del poder regulador de la ATF.
En conclusión, la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Cargill contra Garland refuerza la importancia de atenerse al texto legal y mantener la separación de poderes. Sirve como recordatorio de que los cambios normativos importantes deben proceder del Congreso, no de la reinterpretación administrativa.
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