Las personas con antecedentes penales tienen dificultades para obtener o conservar un empleo en Texas en el mejor de los casos. Una infracción grave en su historial puede hacer que no pueda ser contratado. Incluso un delito menor como un DWI puede afectar seriamente su futuro.
Recientemente, The Nation, señaló cómo podría estar en marcha un importante cambio para los empleados con antecedentes penales.
En virtud del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 se prohíbe la discriminación laboral general basada en los antecedentes penales.
El gobierno federal impuso esta restricción debido a la desproporcionada cantidad de delitos cometidos por las minorías en zonas con bajos ingresos. Los estadounidenses afroamericanos están encerrados a un ritmo seis veces superior al de los blancos, según una investigación del Pew Research Center.
La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Equal Employment Opportunity Commission) indica a los empresarios de Texas y de otros países que deben sopesar una serie de factores a la hora de evaluar a un solicitante con antecedentes penales.
Deben tenerse en cuenta factores como la naturaleza y la gravedad del delito. El empleador debe examinar el tiempo transcurrido desde el delito, si se ha producido la rehabilitación y si un delito anterior tiene una conexión directa con el puesto que se busca.
Texas ha estado trabajando para eliminar estas salvaguardias legales y dificultar aún más la obtención de un empleo para las personas con antecedentes penales.
El informe de The Nation señaló que hace cuatro años, el fiscal general de Texas, Greg Abbott, actual gobernador, presentó una demanda para bloquear la orden de la EEOC.
Abbott pidió a un tribunal federal que dictara una sentencia declaratoria en la que se afirmara que es legal que los organismos estatales denieguen el empleo a personas con antecedentes penales. Abbott trató de bloquear la emisión de cartas de derecho de demanda por parte de la EEOC, una notificación legal que la agencia federal envía cuando considera que hay motivos para una reclamación por discriminación.
Aunque la demanda fue inicialmente desestimada, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito la revivió en 2016 porque el Estado de Texas se vio afectado por la orientación como empleador obligado por el Título VII.
En agosto de 2017, la NAACP Legal Defense and Educational Fund, junto con el National Employment Law Project y los abogados de dos empresas privadas, presentaron una moción para intervenir en el caso.
El grupo trató de convertir en nuevos acusados a Beverly Harrison, una guardia de cruce de Dallas que perdió su trabajo debido a sus antecedentes penales, y a la Conferencia de Texas de la NAACP.
Las partes querían defender la orientación de la EEOC en los tribunales. Unas semanas más tarde, el juez de distrito Sam Cummings denegó la moción. La EEOC y el Departamento de Justicia dijeron que «litigarían enérgicamente» el caso.
Los abogados de la NAACP no confían tanto en que la administración Trump defienda la guía, dado el historial del fiscal general Jeff Sessions.
Si usted tiene antecedentes penales en Texas, incluso el más básico de los logros personales y laborales puede ser una tarea cuesta arriba. Si usted ha sido acusado de un delito es importante que se ponga en contacto con nuestros abogados de defensa criminal del Condado de Tarrant tan pronto como sea posible.
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