El pago de las tasas procesales u honorarios penales para pagar a la policía, los tribunales y los fiscales ha formado parte del sistema de justicia penal en Texas durante años. Sin embargo, el uso de las tasas en lugar de las condenas está bajo escrutinio en medio de preocupaciones éticas.
Un artículo en The Observer citaba el caso de Charley Salas, una joven que fue detenida en 2012 en Brownwood, una pequeña ciudad entre Austin y Abilene.
Era una conductora designada. Sin embargo, un amigo derramó cerveza en el coche a primera hora de la noche. Según el informe del Observer, la mujer fue detenida y el olor a alcohol hizo que un agente de policía sospechara inmediatamente. El agente de policía comprobó el documento de identidad de Salas y descubrió que conducía con un permiso inválido.
Salas dijo que no estaba al tanto del asunto. No obstante, fue esposada y la llevaron a la cárcel del condado.
En la vista judicial celebrada tres meses después, se le comunicó a Salas que podía enfrentarse a más tiempo de cárcel o a una multa de 2.000 dólares. La madre soltera de 26 años no pudo pagar la multa.
El informe del Observer dice que el fiscal del condado de Brown, Shane Britton, dijo que podía evitar el cargo si optaba por una «desviación previa al juicio».
El acuerdo se comparó con la libertad condicional, pero un fiscal en lugar de un juez establecería los términos.
Había ciertas condiciones y Salas tendría que pagar cuotas mensuales al Tribunal del Condado de Brown, a la oficina de Britton y al Departamento de Seguridad Pública de Texas.
Las cuotas ascendieron a 1.400 dólares, es decir, unos 116 dólares al mes. Salas dijo que no estaba segura de cómo pagaría, pero que aceptó el trato antes que arriesgarse a una condena.
Salas se encontró con problemas y tuvo que hacer frente a crecientes cargos y tasas de demora que, según ella, no se mencionaban en el acuerdo original.
La oficina del fiscal del condado de Brown fue posteriormente objeto de escrutinio por los pagos de los acusados en lugar de la acusación.
El artículo del Observer dice que Britton hizo «donaciones» de los acusados para apoyar el programa de desviación previa al juicio del condado que permite a las personas evitar el procesamiento por DWI, conducir sin licencia, hurto, robo y otros delitos menores.
A pesar de algunas reticencias de los altos funcionarios a la hora de adoptar este tipo de programas en Texas, los legisladores del estado han demostrado su entusiasmo por los pagos en lugar de la acusación.
Un informe del Departamento de Justicia de EE.UU. de 1990 elogió a Texas como pionero en la libertad condicional financiada por los delincuentes. Hace dos años, Texas fue uno de los pocos estados que recibió una subvención del Departamento de Justicia para ayudar a reducir los 1.000 millones de dólares en tasas y multas que sus tribunales cobraban a los acusados.
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